Editorial
Las bruscas
declaraciones de Luisa Ortega Díaz en contra del decreto del Arco
Minero del Orinoco (desde la capital de Colombia y ante una entidad
fantasmal, una especie de TSJ a la medida del fascismo que opera en
Estados Unidos) nos reafirma sobre la pista de un plan mediático
masivo en contra de la más importante iniciativa gubernamental en
materia de explotación de recursos naturales.
El show fue
puramente propagandístico. Consistió, básicamente, en la presunta
entrega de un recurso legal en contra del decreto de Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional, ante un remedo de tribunal
conformado por abogados al servicio de una potencia extranjera. Pese
a lo cómico del simulacro y el carácter “simbólico” de los
actos de ese tribunal de mentira, conviene detenerse a evaluarlo como
uno más de los actos de propaganda en contra de Venezuela y su
derecho a explotar las riquezas de su subsuelo. Visto así, el acto
de la ex fiscal no debe desdeñarse como un gesto aislado sino como
lo que efectivamente es: una agresión más, enmarcada en la
categoría Operaciones Sicológicas contra Venezuela, que sumada a
otras de menor o mayor repercusión conforman una campaña sostenida
y revelan las líneas finas de una estrategia de ahogamiento ante la
opinión pública.
El Arco Minero es el
ejercicio efectivo de la soberanía sobre unos territorios que han
sido sometidos a expoliación durante al menos dos siglos. La
propaganda antigubernamental y antivenezolana del momento pretende
saturar los medios de información de sospechas y acusaciones
estrambóticas, la mayoría de las cuales consiste en desinformar con
estos niveles de torpeza: se señala al Arco Minero del Orinoco de
perpetrar crímenes que, precisamente, el decreto del Arco Minero
contempla combatir.
No por torpe y fácil
de desmontar es menos peligrosa y despreciable esta maniobra contra
uno de los planes de generación de riqueza del estado venezolano.
Seguiremos combatiendo esas señales de antipatriotismo.
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