Pueblos indígenas: el rango constitucional
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Miembros de una comunidad huottöja-piaroa, en Amazonas |
César Vázquez
Para que el Estado venezolano otorgara la
concesión a la primera empresa destinada a la explotación del Coltán en el
país, 29 comunidades piaroa que habitan en el sector Parguaza del estado
Bolívar, en frontera con el estado Amazonas, fueron consultadas por el
Ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas y finalmente llegaron a un
acuerdo: autorizaban la instalación de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista
Parguaza (EMMEPSA). La serie de reuniones de trabajo en la comunidad,
constituida por 640 familias y 3888 habitantes, se realizó durante cuatro meses
en el año 2016.
Esta incursión me trajo hasta las orillas
del río Parguaza (que en huottöja se escribiría Päruhuäbi aje) a la comunidad
de Tierra Blanca, tierras huottöja-piaroas, a unos 25 kilómetros de la empresa.
Allí, como en otros caseríos, me encontré con un testimonio recurrente, un río
caudaloso y un sentimiento colectivo. Estas comunidades aprueban el Arco Minero
del Orinoco porque lo ven como una oportunidad para el desarrollo integral de
la nación.
Josué Mendoza es uno de los voceros
indígenas huottöja del sector Parguaza, ante la EMMEPSA. Es maestro, representa
a su comunidad en la demarcación de los pueblos indígenas y es vocero del
consejo comunal. Para él existe el antes y el después, la recolocación de su
cultura y su dignidad, un nuevo principio y está en la creación de la
constitución del 99 impulsada por el primer triunfo irreversible del chavismo.
Por primera vez en la historia se crea y se integra en la constitución nacional
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. A su lado se encuentra
Enrique Gordo, Cacique General de Tierra Blanca, autoridad única de la
comunidad reconocido en esa Ley; reitera que autoriza como vocero a Josué,
quien me habla con la agudeza de lo que sabe.
Godoy dice que es conuquero, Josué dibuja
sobre la tierra un punto dentro de un círculo para explicarme en esa
abstracción el carácter colectivo y el modelo de desarrollo orgánico. “Nosotros
como autoridades legítimas fuimos consultados como indica la constitución.
Debatimos, hicimos mesas de trabajo con la presencia de 29 capitanes de la
comunidad y en presencia de los caciques generales, aprobamos el Proyecto
Nacional Arco Minero del Orinoco y a la vez aprobamos la instalación de la
empresa en nuestras tierras del sector Parguaza”. A estos dirigentes los mueve
un propósito, un asunto de justicia ancestral: los títulos de la
autodemarcación colectiva de las tierra que están en un 70% adelantadas, y que
las esperanzas de conseguirlos dependen de los avances en el diálogo con el
gobierno nacional.
--¿En corto plazo qué se aspira? ¿Qué
beneficios le trae a la comunidad la explotación del coltán con la creación de
la Empresa Mixta Parguaza?
J.M.: Nosotros, conjuntamente con los
diferentes capitanes de los pueblos indígenas, hicimos una asamblea para
jerarquizar las necesidades. Una de las prioridades que se establecieron para
presentarle a la empresa es la red de electrificación. Aquí hay instituciones
educativas, hay ambulatorios y carecemos de electrificación, y para poder
desplazarnos en el río y para poder llevar a nuestros hijos a la escuela hemos
solicitado motores fuera de borda para las embarcaciones, carreteras que ya se
han adelantado, y que son vitales para el desarrollo del sector Parguaza.
--¿La empresa sería mediadora o daría
esos aportes?
J.M.: En la medida en que la empresa
saque la producción nosotros nos veremos beneficiados en la parte social, así
lo hemos establecido.
--¿Cómo les afecta la minería al margen
de la ley, descontrolada sin ningún tipo de límites?
J.M.: Nosotros no migramos como mineros,
pero nos afecta primeramente porque otros hermanos de otros pueblos indígenas
que sÍ vienen de otros países trabajan en la búsqueda de oro y coltán, y
terminamos siendo inculpados todos. Entonces el Gobierno empezó a decir que los
indígenas del sector Parguaza somos mineros ilegales. No podemos recibir culpas
de lo que no hacemos, en este sentido agradecemos que se instale esta empresa
para que se pueda regularizar esta situación y que todo lo que vaya a producir
llegue a ser beneficio de la nación.
La constitución del 99 contempló dos
aspectos fundamentales. Representó en primer lugar un correlato de identidades
y corrientes históricas que lograron conquistar a través de la Asamblea
Constituyente un capítulo entero en el reconocimiento de los pueblos indígenas.
Por primera vez en la historia sus cosmogonías y territorios alcanzaron rango
de Ley. En segundo lugar, representaba un nuevo marco legal para la
recuperación de las industrias básicas. Ambos elementos, aunque parezcan
antagónicos, forman parte del rescate de la minería; recuperar el suelo para
quienes históricamente fue negado, poder explorarlo y explotarlo en beneficio
colectivo. No es una contradicción, es una forma de restituir la dignidad.
“Después de dos décadas”, comenta Josué,
“en este pueblo el partido de la Revolución ha ganado con el 95% de los votos
la últimas elecciones. Mantienen la fe en que este año (¡por favor!) mejorarán
la estructura escolar.
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