viernes, 8 de diciembre de 2017

Las entrañas del coltán (III)

Pueblos indígenas: el rango constitucional

Miembros de una comunidad huottöja-piaroa, en Amazonas

César Vázquez

Para que el Estado venezolano otorgara la concesión a la primera empresa destinada a la explotación del Coltán en el país, 29 comunidades piaroa que habitan en el sector Parguaza del estado Bolívar, en frontera con el estado Amazonas, fueron consultadas por el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas y finalmente llegaron a un acuerdo: autorizaban la instalación de la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (EMMEPSA). La serie de reuniones de trabajo en la comunidad, constituida por 640 familias y 3888 habitantes, se realizó durante cuatro meses en el año 2016.

Esta incursión me trajo hasta las orillas del río Parguaza (que en huottöja se escribiría Päruhuäbi aje) a la comunidad de Tierra Blanca, tierras huottöja-piaroas, a unos 25 kilómetros de la empresa. Allí, como en otros caseríos, me encontré con un testimonio recurrente, un río caudaloso y un sentimiento colectivo. Estas comunidades aprueban el Arco Minero del Orinoco porque lo ven como una oportunidad para el desarrollo integral de la nación.

Josué Mendoza es uno de los voceros indígenas huottöja del sector Parguaza, ante la EMMEPSA. Es maestro, representa a su comunidad en la demarcación de los pueblos indígenas y es vocero del consejo comunal. Para él existe el antes y el después, la recolocación de su cultura y su dignidad, un nuevo principio y está en la creación de la constitución del 99 impulsada por el primer triunfo irreversible del chavismo. Por primera vez en la historia se crea y se integra en la constitución nacional La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. A su lado se encuentra Enrique Gordo, Cacique General de Tierra Blanca, autoridad única de la comunidad reconocido en esa Ley; reitera que autoriza como vocero a Josué, quien me habla con la agudeza de lo que sabe.


Godoy dice que es conuquero, Josué dibuja sobre la tierra un punto dentro de un círculo para explicarme en esa abstracción el carácter colectivo y el modelo de desarrollo orgánico. “Nosotros como autoridades legítimas fuimos consultados como indica la constitución. Debatimos, hicimos mesas de trabajo con la presencia de 29 capitanes de la comunidad y en presencia de los caciques generales, aprobamos el Proyecto Nacional Arco Minero del Orinoco y a la vez aprobamos la instalación de la empresa en nuestras tierras del sector Parguaza”. A estos dirigentes los mueve un propósito, un asunto de justicia ancestral: los títulos de la autodemarcación colectiva de las tierra que están en un 70% adelantadas, y que las esperanzas de conseguirlos dependen de los avances en el diálogo con el gobierno nacional.

--¿En corto plazo qué se aspira? ¿Qué beneficios le trae a la comunidad la explotación del coltán con la creación de la Empresa Mixta Parguaza?
J.M.: Nosotros, conjuntamente con los diferentes capitanes de los pueblos indígenas, hicimos una asamblea para jerarquizar las necesidades. Una de las prioridades que se establecieron para presentarle a la empresa es la red de electrificación. Aquí hay instituciones educativas, hay ambulatorios y carecemos de electrificación, y para poder desplazarnos en el río y para poder llevar a nuestros hijos a la escuela hemos solicitado motores fuera de borda para las embarcaciones, carreteras que ya se han adelantado, y que son vitales para el desarrollo del sector Parguaza.

--¿La empresa sería mediadora o daría esos aportes?
J.M.: En la medida en que la empresa saque la producción nosotros nos veremos beneficiados en la parte social, así lo hemos establecido.

--¿Cómo les afecta la minería al margen de la ley, descontrolada sin ningún tipo de límites?
J.M.: Nosotros no migramos como mineros, pero nos afecta primeramente porque otros hermanos de otros pueblos indígenas que sÍ vienen de otros países trabajan en la búsqueda de oro y coltán, y terminamos siendo inculpados todos. Entonces el Gobierno empezó a decir que los indígenas del sector Parguaza somos mineros ilegales. No podemos recibir culpas de lo que no hacemos, en este sentido agradecemos que se instale esta empresa para que se pueda regularizar esta situación y que todo lo que vaya a producir llegue a ser beneficio de la nación.

La constitución del 99 contempló dos aspectos fundamentales. Representó en primer lugar un correlato de identidades y corrientes históricas que lograron conquistar a través de la Asamblea Constituyente un capítulo entero en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Por primera vez en la historia sus cosmogonías y territorios alcanzaron rango de Ley. En segundo lugar, representaba un nuevo marco legal para la recuperación de las industrias básicas. Ambos elementos, aunque parezcan antagónicos, forman parte del rescate de la minería; recuperar el suelo para quienes históricamente fue negado, poder explorarlo y explotarlo en beneficio colectivo. No es una contradicción, es una forma de restituir la dignidad.
                                            
“Después de dos décadas”, comenta Josué, “en este pueblo el partido de la Revolución ha ganado con el 95% de los votos la últimas elecciones. Mantienen la fe en que este año (¡por favor!) mejorarán la estructura escolar.




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