Los aliados del paludismo

• Varios brotes simultáneos de paludismo están afectando a las zonas mineras del sur del estado Bolívar. La propagación de la enfermedad (que no alcanza la categoría de epidemia, como lo quieren difundir los propagandistas del desastre) se ha teñido de ribetes dramáticos debido a la intervención de factores políticos y criminales, continuación de una insólita guerra contra el pueblo

Pacientes a la espera de tratamiento contra el paludismo en El Callao

En varias zonas mineras del estado Bolívar se han registrado brotes de paludismo y el Gobierno nacional (El Ministerio del Poder Popular para la Salud, la empresa Minervén, sus trabajadores y miembros del plan Chamba Juvenil) ha implementado una estrategia de atención y prevención para combatirlo. Pero siempre hay obstáculos por superar, y en este caso no se trata sólo de la enfermedad y sus factores alternos (condiciones físicas del entorno social, disciplina con las exigencias y condiciones del tratamiento).

Ahora los médicos y el personal que colabora en las jornadas de atención a los enfermos, y los propios enfermos, se han visto rebasados en su acción e intenciones por la intervención de elementos políticos y la acción de los traficantes de medicamentos. Concretamente, se ha detectado la extracción y re-venta de las pastillas que integran el tratamiento contra el paludismo. Paralelamente a este ataque se produce desde los laboratorios mediáticos el bombardeo que lo complementa: la campaña que acusa al Gobierno de “no estar haciendo nada” y de negarle al pueblo el derecho a las medicinas.

Enfermos y sus familiares

Medicinas gratis que cuestan una “grama”

El tratamiento consiste en el suministro y aplicación de tres medicamentos contra los tres tipos de paludismo detectados en la región: falsífaro, vivax y mixto. La Revolución ha decidido que estas tabletas sean suministradas a los enfermos de manera gratuita. Los tres productos son manufacturados en La India: cloroquina, primaquina y arteméter. Estos medicamentos no tienen valor comercial en Venezuela. Cuando estos productos escasean, el Gobierno nacional los gestiona en la república de Brasil o en otros países donde esté disponible para entregárselo directamente a las personas afectadas. Pero en las calles de El Callao, donde los traficantes bachaquean prácticamente de todo a precios exorbitantes, como en varias ciudades de Venezuela, hay sujetos ofreciendo el combo de pastillas a un precio que sólo los habitantes de las zonas mineras o quienes han estado aquí comprenden en toda su dimensión: una “grama” (un gramo de oro).

Una “grama” de oro minero (oro crudo, sin “trabajar” ni pasar por las manos de algún orfebre) cuesta, en las casas de compra que se las pagan en bolívares a los trabajadores de las minas, entre 740 y 800 bolívares según el cálculo hecho en los primeros días de noviembre. La grama se ha convertido en objeto con valor de cambio, pero un valor muy variable y a veces incomprensible: una grama cuesta una sesión con una trabajadora sexual desde la noche hasta el amanecer, la empacadura para el motor de ciertos vehículos rústicos y un bulto de 24 kilos de arroz. Hay carros usados que se negocian en 40 gramas, y hay gente espléndida o agradecida que te regala una grama para que la vendas o te la lleves de recuerdo. En ese mercado más o menos difuso y un poco esotérico, el tratamiento para el paludismo ha pasado a costar también una grama.

Cómo “se escapan” las pastillas

Según las estadísticas que maneja el equipo activo en las jornadas, los sectores de donde proviene la mayor parte de las personas enfermas son Nacupay, La Ramona, Cuatro Esquinas y Yin Yan, comunidades de los alrededores de El Callao donde hay intensa actividad minera. La doctora Nilda Aguiar, coordinadora en el área de Epidemiología, informó que la data con las cifras definitivas de ciudadanos atendidos se encuentran en la fase de procesamiento. Es un procedimiento complejo, toda vez que las jornadas se prolongarán varios días más y cada día se suman nuevos contagiados. Hasta el viernes 10, el promedio de nuevos atendidos y de personas que asisten a la continuación del tratamiento supera los cien pacientes por día.

A la entrada de la sede del sindicato de trabajadores de Minerven, donde se realizan las jornadas

El viernes 10 hubo un récord de personas atendidas: 360 entre nuevos pacientes y los que regresan a continuar su tratamiento. La cifra aumenta con los días por lo dicho arriba: un día van nuevos infectados, y esa persona debe regresar luego a tomarse la pastilla en el lugar de las jornadas, específicamente en la sede del sindicato de Minerven. Varias personas protestaban el viernes 10 a las puertas del local, exigiendo que se les entregara el tratamiento completo a los pacientes y sus familiares, que a veces tienen que venir de comunidades lejanas para recibir su dosis. Aguiar explica por qué no se cumple con esta exigencia: “Hay personas que se hacen pasar por pacientes y se llevan las medicinas, no para suministrárselas a los enfermos sino para revenderlas”. El equipo médico ha procedido entonces a llevar un registro de quienes sí están cumpliendo con el tratamiento. “Hemos atendido a personas que dicen tener los síntomas, reciben la primera dosis y después no vuelven más”.

De toda Venezuela

El viernes 10, una conversación informal con mineros habitantes de El Callao arrojó luces sobre un detalle demográfico del brote. “La mayoría de esa gente que estaban atendiendo en el operativo no es de aquí”, comentaba Marcos Mezones, trabajador de Minerven. “Estuve ahí apoyando y no vi más de cuatro caras conocidas, de las más de 300 que estaban esperando el remedio”. El sábado 11, las cifras parciales que manejan los médicos del Ministerio de Salud corroboraron esa observación simple: la mayoría de las personas atendidas con síntomas de contagio no son habitantes de El Callao ni del estado Bolívar.

Darwin Lizardi, minero y activista comunitario, completó el análisis del componente social circundante: “La población nativa de El Callao es de 25 mil personas o un poco más, pero la población flotante hace que esa cifra suba a casi 80 mil. Son personas que vienen de todas partes de Venezuela a sumarse a la explotación de oro, trabajadores que no tienen residencia aquí ni pueden pagar un hotel y entonces conforman comunidades que viven en carpas improvisadas con latas y plásticos”. En esas precarias comunidades predomina la insalubridad y de allí proviene la mayoría de los infectados.

Para los próximos días se anuncia la activación de la parte preventiva de esta política, que no es sólo en el área médica: fumigación de zonas con alta incidencia e inicio de charlas informativas y promoción de las acciones en el terreno: poda de maleza en las zonas habitadas, eliminación de cauchos y recipientes donde puedan proliferar los zancudos transmisores, medidas sanitarias al manipular el agua que se va a consumir.

La situación es de por sí bastante compleja, y últimamente ha venido a sumarse un factor externo que la empeora: la propaganda sucia de los sectores antigubernamentales, diputados y eternos aspirantes a gobernadores (el gracioso Américo De Grazia y el pobre perdedor de siempre Andrés Velásquez a la cabeza) que desde Caracas y Puerto Ordaz han propagado la especie de que el Gobierno nacional “no está haciendo nada” para detener el paludismo, y hablan de una situación de epidemia que no está decretada. El impacto de esa campaña en el exterior y entre las poblaciones afectadas perturba todavía más los ánimos en contra de las personas y equipos que sí están trabajando para controlar los brotes.

Sí hay medicamentos contra el paludismo en Venezuela, sí se están aplicando esos medicamentos a los enfermos, y sí existe una movilización criminal para desaparecerlos y encarecerlos. La propaganda forma parte de esa artimaña criminal que quiere provocar una catástrofe o aparentar que la hay para estimular el descontento social.