COMUNICADO
El Consejo Popular
Minero, todas las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas
vinculados a la actividad minera en el país, frente a los ataques y
las pretendidas amenazas contra la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, expresamos a la opinión pública
lo siguiente:
Rechazamos, con
profunda indignación, los reiterados ataques, orquestados de manera
impropia e injusta, en contra el Arco Minero del Orinoco (AMO) y del
pueblo organizado que ha dedicado su lucha incansable por el
ejercicio digno de una actividad minera en beneficio de todo el
pueblo venezolano; arremetidas que denotan la incapacidad de algunas
personas de participar en la búsqueda real de soluciones ante la
crisis económica inducida, negándose a reconocer el carácter
soberano con el que se plantea la Zona de Desarrollo Estratégico
Arco Minero del Orinoco.
El Consejo Popular
Minero, en su carácter humanista y con conciencia revolucionaria,
respalda las acciones emprendidas por el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su lucha por la
activación económica del país, y reconocemos al Arco Minero del
Orinoco como una de las opciones para fortalecer el aparato
productivo del país, como parte de la Agenda Económica Bolivariana,
que tiene como objetivo recuperar y reimpulsar la economía para
superar el modelo rentista petrolero. En conjunto, reiteramos nuestra
lealtad, servicio y vocación para seguir construyendo el Socialismo
Bolivariano, hasta alcanzar la Venezuela potencia descrita en el Plan
de la Patria, legado por el Comandante Hugo Chávez.
Declaramos que el
Arco Minero del Orinoco (AMO) es una política de derechos humanos
que abre el camino de lo posible para transformar la realidad minera,
desde una visión que garantice el control soberano y legítimo del
Estado en la cadena productiva minera y sus actividades conexas, el
respeto al ambiente, así como el bienestar de la generación
presente y de los que vendrán.
Reconocemos, como
los principales protagonistas de la actividad minera en la que
participamos, la situación de esclavitud, pobreza económica, daño
a la Tierra, maltrato a pueblos indígenas y criminalidad que se vive
en el AMO, producto de la ausencia plena del Estado, y de una
política pública de acompañamiento y regulación que apoye la
construcción de condiciones de vida digna para el pueblo minero.
Asignamos alta
importancia al Arco Minero del Orinoco como una política
revolucionaria que hace justicia a las familias mineras de Bolívar
que, por décadas, hemos luchado por el reconocimiento y por la
construcción de espacios sociales, políticos y jurídicos para
organizarnos como fuerza productiva, en amor y respeto por el
territorio, con nuevas tecnologías que tengan el menor impacto en el
ambiente y en nuestra salud. Hay mucha esperanza en las familias
mineras, en este proyecto integral de construcción de vida. El Arco
Minero es soberanía, es organización, es conciencia de pueblo, es
apropiación de nuevas técnicas. El AMO nos ha permitido definir las
áreas de trabajo, a partir de estudios ambientales y sociales. Más
que saber dónde vamos a ejercer la minería, es tener conciencia de
dónde no vamos a estar y por qué.
No es cierto que se
va a acabar con más de 111 mil kilómetros cuadrados. La
planificación de las áreas que hemos hecho, de la mano con el
Gobierno nacional, para el aprovechamiento minero es menor al 5 %.
Alertamos que el AMO
viene a regularizar una situación de facto, y acompañar la lucha
contra mafias y grupos criminales, de distintos sectores, que
intentan despojarnos de la riqueza pública minera y del esfuerzo de
nuestro trabajo. Es un proyecto para atender al pueblo minero, el
principal defensor del territorio al sur del Orinoco. La
implementación del Arco Minero de Guayana es de gran significación
para nosotros y nosotras, en tanto que expresa las problemáticas en
el ejercicio de la actividad minera, y plantea mecanismos y acciones
para consolidar una minería responsable, ambiental y socialmente.
Así concebido, el Arco Minero es una forma de afirmar soberanía
sobre el territorio y sobre las minas, que son una de las principales
fuentes de riqueza pública, como decía el Libertador Simón
Bolívar.
Insistimos en que el
hecho de que el Estado venezolano esté presente en el Arco Minero
del Orinoco, para proteger, acompañar y regular, también redundará
en la disminución de las prácticas devastadoras y en la
estructuración de nuevas relaciones.
Condenamos la visión
parcial y selectiva de los detractores del Arco Minero del Orinoco,
que hablan en nombre de los derechos humanos. Les hacemos un llamado
a revisar las convenciones internacionales y el Plan Nacional en
materia de DD. HH., en los cuales reposa que no hay un derecho
legítimo fuera del que construyen los individuos, las organizaciones
y los pueblos para crear condiciones de vida digna. La mayor
violación hacia los derechos humanos está en impedir o prohibir, de
la manera que sea, que las personas o los pueblos puedan expresar y
luchar por su dignidad.
Nos preocupa que
algunas personas caigan en el juego nefasto impuesto por las grandes
potencias que, en un accionar injerencista, pretenden generar
inestabilidad y enfrentamientos internos en Venezuela para debilitar
la moral y la economía nacional y, así, conquistar nuestros
recursos que son inmensos. Es nuestro deber defender a la patria ante
tales intenciones, y lo haremos a toda costa.
ES JUSTICIA
En El Callao, a los
19 días de noviembre de 2017
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